El sector turístico se opone al Real Decreto 933/2021 principalmente debido a:

• Excesiva recopilación de datos: Se exige a los establecimientos turísticos recopilar una gran cantidad de información personal de los huéspedes, lo que consideran una violación a la privacidad y una carga administrativa excesiva.
• Impacto negativo en la experiencia del cliente: La excesiva burocracia y la sensación de invasión a la privacidad pueden disuadir a los turistas y perjudicar la imagen de España como destino turístico.
• Falta de claridad y contradicciones: El decreto presenta ambigüedades y contradicciones con otras normativas, lo que dificulta su aplicación y genera inseguridad jurídica.

En resumen, el sector turístico considera que este decreto es una barrera para su actividad, perjudica la imagen de España como destino turístico y genera una carga burocrática innecesaria.